Centros de Derechos Laborales
La situación de vulnerabilidad de derechos laborales que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras de Centroamérica y República Dominicana es compleja. En primer lugar, respecto a las autoridades laborales estatales, se encuentra, en gran medida, una ausencia de voluntad e ineficiencia de la labor de estas. Los Ministerios de Trabajo y otras dependencias son los encargados dentro de cada país de velar por la garantía, defensa y promoción de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sin embargo, en todos los países de la región esta figura es vista como pasiva en su actuar, ya que su función se ve mermada al no impartir justicia real y eficaz de conformidad a las leyes locales e internacionales.
Esta problemática deriva, por una parte, de la falta de recursos por un presupuesto limitado asignado por cada país. Los Ministerios tienen recursos insuficientes y pocas capacidades de manejo para procesar reclamos laborales de una manera oportuna, lo que genera que los procesos laborales sean sumamente largos, dando como resultado la falta de acción e incumplimiento efectivo de las regulaciones legales. Así mismo, otro factor que empobrece el actuar estatal es la tan denunciada, pero muy difícil de probar, compra de voluntades que existe por parte de los empleadores hacia los funcionarios, algunos de estos procesados en sus países, demostrando la falta de ética en el ejercicio de su cargo; es por ello que los trabajadores muestran desconfianza a las funciones que desempeñan los operadores de justicia laboral.
En segundo lugar, la realidad de la región centroamericana y de República Dominicana, nos muestra en la mayoría de casos a empleadores que incumplen sus obligaciones como tal, irrespetando a sus trabajadores como personas y como fuerza productora. Entre los grupos más vulnerables están las mujeres, migrantes, niñez y personas asociadas a grupos sindicales, quienes con frecuencia son incapaces de defender e incidir en la protección de sus derechos como trabajadores en su centro de trabajo, lo que les convierte en un blanco fácil de vulneración a sus derechos como trabajadores. En tercer lugar, se encuentra, el poco o nulo conocimiento que los trabajadores y las trabajadoras poseen en cuanto a sus derechos laborales, muchas de estas personas poseen bajos niveles académicos, lo que dificulta, en alguna medida, la comprensión y acción ante una posible violación de sus derechos laborales. Todo lo anterior evidencia la falta de concientización y priorización de los derechos laborales de los Estados, a pesar de contar con legislación nacional y de haber ratificado instrumentos internacionales concernientes a los principios fundamentales y derechos en el trabajo.
En este contexto de impunidad laboral, actores sociales visualizaron que con la implementación del Tratado de libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana (CAFTA DR, por sus siglas en inglés) la violación de los derechos laborarles podrían aumentarse en los sectores involucrados en el Tratado. Para palear este riesgo, CAFTA DR contemplaba apoyar iniciativas de la sociedad civil que promovieran la defensa y educación de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la región, lo que propició la formulación del proyecto “Todos y Todas Trabajamos: Derechos Laborales para Todos y Todas” en la región.
Para la formulación del proyecto “Todos y Todas Trabajamos: Derechos Laborales para Todos y Todas” –TTT- Catholic Relief Services -CRS- organización con experiencia extensiva en la implementación de programas sociales en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y la República Dominicana, con excelentes relaciones con la Iglesia Católica y otras organizaciones basadas en la fe, los gobiernos Centroamericanos y el Gobierno de la República Dominicana, organizaciones nacionales no gubernamentales y el sector privado, realizó un mapeo de las organizaciones con mayor credibilidad e incidencia en el tema de defensa y promoción de derechos humanos. Del análisis de los resultados del mapeo se identificaron a las contrapartes que tenían una trayectoria de trabajo en favor de los más desprotegidos en cada país. Se identificaron 7 organizaciones en la región como contrapartes para la ejecución del proyecto TTT en cada país, siendo estas: el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), la Comisión de Justicia y Paz de León (CJP) en Nicaragua; Pastoral Social Cáritas (PSC) en Costa Rica , Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana (Cáritas Tegucigalpa) en Honduras, la Comisión para la Verificación de Códigos de Conducta (COVERCO) en Guatemala y y la Red de Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) en la República Dominicana. En el transcurso de la ejecución del proyecto se añadieron otras organizaciones socias como: la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el Centro ede Estudios y Apoyo al Desarrollo Local, (CEADEL), Cáritas Diócesis San Miguel y la Casa de Derechos de Desamparados en Costa Rica.
Para cumplir con los objetivos trazados, se estableció la creación de Centros modelos de Derechos del Trabajador y la Trabajadora denominados Centros de Derechos Laborales conocidos por sus siglas CDL, los cuales funcionan como Centros asistenciales en donde usuarios se abocaron para hacer consultas legales e informarse sobre sus derechos laborales. El esfuerzo de este proyecto y por ende de los Centros de Derechos Laborales se dirigió a trabajadoras y trabajadores individuales, líderes y miembros de sindicatos y miembros de organizaciones laborales/comerciales con preguntas e inquietudes acerca de sus derechos laborales, con un enfoque especial sobre grupos vulnerables como trabajadores migrantes y mujeres. Estaba previsto instalar un CDL por país, en total 6. sin embargo, por colaboración de otras organizaciones se logró instalar 14 CDL en toda la región.
Luego de terminado el proyecto TTT, GMIES y otros socios continuaron con la iniciativa de los CDL, pero ahora con énfasis en 3 de los principales países de destino de la migración intrarregional en Centroamérica: El Salvador, Costa Rica y Belize. Esto gracias al apoyo de Open Society Foundations, (OSF). Después del análisis de las causas de la vulneración de derechos laborales de los migrantes, GMIES y sus socios llegaron a la conclusión que gran parte de la raíz del problema es la división que se hace del tema de “trabajadores migrantes”, ya que se ve desde dos puntos: el migratorio y el laboral. Cuando el abordaje tiene que ser integral: “Derechos laborales para migrantes”. Es ahí donde radica la dificultad de la legislación nacional y regional, en que las leyes laborales no contemplan el elemento migratorio ni las leyes migratorias el laboral.
Para mayor información puede descargar la versión digital de la sistematización Centro de Derechos Laborales dando clic a la imagen que aparece a continuación :
